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ECA rechaza el ataque del nuevo Gobierno contra la educación concertada

 

 

 

Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), organización mayoritaria que aglutina al 70% de la educación concertada de la comunidad andaluza, quiere expresar su indignación y preocupación al conocer las líneas maestras del proyecto educativo de la ministra de Educación, Isabel Celaá. Sus palabras en la Comisión de Educación del Congreso, con respecto a la enseñanza concertada y a determinados temas incluidos en la propuesta de Pacto Educativo, causan inquietud y desaliento en un sector que representa al 26% del sistema de enseñanza español, en torno al 20% en el caso de Andalucía.

Sorprenden estas declaraciones cuando la propia ministra, hace pocas semanas, en la toma de posesión del Secretario de Estado de Educación, ofreció diálogo y voluntad de alcanzar un Pacto Educativo estatal. Sin embargo, ahora defiende planteamientos que atacan frontalmente a los principios de libertad de enseñanza y que generan división, preocupación y controversia en el ámbito educativo.

Escuelas Católicas censura que el Gobierno anuncie que quiere cambiar, sin el mínimo consenso, la LOMCE para quitar peso a la enseñanza concertada y recuerda, en este sentido, que el Artículo 27.1 de la Constitución reconoce en plano de igualdad el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza. Una libertad de enseñanza que implica, por una parte, la libertad de creación de centros y, por lo tanto, de oferta de un proyecto educativo concreto; y por otra, la libertad de las familias a elegir el tipo de centro conforme a sus convicciones y deseos para sus hijos. Para hacer posible el ejercicio de estos derechos en todas las capas sociales, con una enseñanza obligatoria y gratuita, es imprescindible la financiación en las mismas condiciones por parte de las Administraciones educativas de la red pública y la concertada.

Asimismo, niega rotundamente que la LOMCE favorezca a la enseñanza concertada, y subraya que la referencia a la “demanda social” en el Artículo 109 únicamente reconoce que, entre los criterios empleados en la programación de puestos escolares, se tienen que tener en cuenta las decisiones de los padres a la hora de elegir centro. Dicha “demanda social” es plenamente coherente y consecuente con el Artículo 27 de la Constitución, tal y como ha señalado recientemente el Tribunal Constitucional.

Con otras palabras, no se puede programar la enseñanza de espaldas a los derechos de las familias y los titulares. Los poderes públicos están obligados a posibilitar el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos. Su misión no es imponer un tipo de educación determinado las familias, obstaculizando el ejercicio de los derechos de los padres, sino tener en cuenta la elección que éstos realizan (Artículo 9 de la Constitución).

El secretario general de ECA, Carlos Ruiz, ha lamentado que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, incurra en el mismo error que el anterior Ejecutivo: la falta de consenso en torno a la LOMCE. “Fuimos los primeros que criticamos que esa Ley sólo tuviera la mayoría parlamentaria del PP, pero ahora el nuevo Gobierno pretende cambiar la Educación en España por Decreto Ley”, ha subrayado.

En este sentido, insta al Gobierno andaluz de Susana Díaz a que reclame a Pedro Sánchez que haya un “mayor diálogo sincero con la comunidad educativa en el que se puedan afrontar los retos a los que se enfrenta la Educación en España y, particularmente, en Andalucía (resultados del informe PISA, inversión media, etc.) en lugar de crear nuevos problemas”.

El representante de ECA entiende que “la labor de los gobernantes es dar luz y solución a los graves problemas que tiene la Educación en estos momentos: mayor calidad y mejor optimización de los recursos, y no generar una situación de inestabilidad y preocupación que en nada ayuda, particularmente a nuestros alumnos”.

El debate pública-concertada es alentado únicamente por intereses partidistas, pero en realidad es ficticio e inexistente entre los ciudadanos, particularmente las familias. Éstas, por encima de todo, lo que desean es que sus hijos puedan tener, en el centro que elijan, una enseñanza de calidad que les permita afrontar con garantías unos estudios superiores o su inserción en el mercado laboral, así como ser formados en unos valores que compartan.

Por otra parte, en cuanto al anuncio de que Religión dejará de ser asignatura computable, Escuelas Católicas sigue defendiendo la necesidad de que se mantenga como materia curricular, no solo en base a los Acuerdos vigentes suscritos con la Santa Sede, que consideran la Religión como una asignatura equiparable al resto, sino también porque el Artículo 27.2 de la Constitución establece que el objetivo principal de la educación es la “formación integral de la persona”. No es concebible conseguir este objetivo omitiendo todo lo que tiene que ver con la Religión, la Historia de las Religiones o, incluso estudiar las formas en las que las distintas civilizaciones han afrontado el sentido de trascendencia.

Por consiguiente, Escuelas Católicas continuará sosteniendo que la Religión siga siendo una asignatura curricular (no confundir con “catequesis”), análoga al resto de asignaturas y, por lo tanto, evaluable y computable.

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