Escuelas Católicas de Andalucía, CECE Andalucía, FSIE Andalucía, FEUSO Andalucía, Concapa Andalucía y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas a nivel nacional en la Plataforma de Concertados,  continuarán en los próximos días con acciones de movilización en contra de la LOMLOE, dentro de una gran campaña nacional que bajo el eslogan de “Más Plurales, Más libres y Más iguales” pretende trasladar a la opinión pública y a los grupos políticos el amplio rechazo social que causa esta reforma.

En concreto, la educación concertada ha organizado para el próximo miércoles 18 de noviembre a las 11.30, en las puertas de cada centro educativo y guardando las medidas de seguridad, que una representación de la comunidad educativa (familias, equipos directivos, profesores, PAS y alumnos) y de espaldas a la calle se guarden dos minutos de silencio en contra de la LOMLOE. Seguidamente, una persona leerá el manifiesto elaborado por la Plataforma a nivel nacional en contra de la reforma de la Ley Orgánica de Educación.

Patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada coinciden en rechazar la LOMLOE, tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido. Por el momento, porque su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico. Por la forma, porque esta norma aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo. Pero sobre todo es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza.

Así, según los representantes de la concertada y privada, la LOMLOE supone un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos. Para hacerlo, se inventa un “derecho a la educación pública”, completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados.

En la misma dirección, la LOMLOE, en contra de las recomendaciones de todos los organismos e instituciones educativas internacionales, lesiona aún más la autonomía de los centros, atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político con el objetivo poco simulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario, cuando esa es contrariamente la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos. Asimismo, posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, y resucita la polémica educación para la ciudadanía a través de una nueva asignatura en valores cívicos y éticos que tiene el riesgo de utilizarse como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres.

Por otra parte, la LOMLOE, no sólo no avanza en la homologación de los profesores de la enseñanza concertada con los de la pública, sino que amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y el futuro tanto de la educación diferenciada, a la que se la aboca a no financiarse con fondos públicos y a su desaparición como opción pedagógica, como de los centros específicos de educación especial, en contra de la opinión de los profesionales y las familias. Insiste en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a los padres, o incluso a los poderes públicos frente a los padres.

Finalmente, arroga a la Administración la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica, lo que, lejos de evitar la segregación educativa, tiene la consecuencia práctica de impedir la libertad de elección de las familias de esos menores, cuando precisamente estos alumnos son los que deberían tener una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor.

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