Escuelas Católicas Andalucía (ECA) felicita a Patricia Del Pozo, nueva consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, se pone a su disposición y le desea la mayor de las suertes en la nueva legislatura recién comenzada y en la que, consideran, hay muchos desafíos que abordar en el sector educativo.

ECA espera que Del Pozo retome las reformas pendientes en el sector de la enseñanza concertada andaluza, algunas de ellas anunciadas como promesas electorales -incumplidas- en la campaña electoral de 2018. Entre ellas, Escuelas Católicas de Andalucía reclama la igualdad en la asignación de recursos entre la enseñanza pública y la concertada, evitando así la clara discriminación de los alumnos de la red concertada.

Otro de los incumplimientos electorales del anterior gobierno fue el compromiso relacionado con la concertación de unidades de Bachillerato, promoción del Bachillerato Internacional, de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos, de Unidades de Infantil en Centros con Líneas Quebradas, de Unidades Educación Especial y de Unidades de Apoyo a la Integración de niños con Necesidades Especiales de Adaptación Educativa (NEAE), donde los avances fueron muy escasos. En el caso de la concertación de Bachillerato, ECA espera que el próximo curso el nuevo Gobierno tenga en cuenta la demanda de las familias y la inversión realizada por los propios centros, y se puedan concertar unidades de Bachillerato plenamente justificadas, desmontando el motivo alegado para no hacerlo por las Comisiones Provinciales de Conciertos, argumentando “que no satisfacen las necesidades de escolarización”, pese a que muchas de ellas son unidades actualmente en funcionamiento con alumnado matriculado y se cumplen las ratios que justificarían los conciertos.

Otra solicitud histórica del sector de la concertada es la relativa a la discriminación en la dotación horaria de los directivos de los centros y su equiparación con la red pública, recursos en plantillas, equipos de dirección y órganos de coordinación y gestión de los centros, cuyo último acuerdo proviene del siglo pasado (1999) o de inicio del actual (2005). En una situación similar se encuentra el gasto por alumno entre centros públicos y privados concertados, que sigue siendo desmesuradamente superior en los primeros, lo que resulta un favoritismo intolerable por parte de una administración “debe ser garante del derecho a una educación de calidad tanto cuando es titular de ese derecho como cuando no lo es”, señala Rafael García Porras, secretario general de ECA. “Sería una maravillosa oportunidad para reconocer el trabajo y la dedicación vocacional de directores y profesores de la enseñanza concertada. Los Centros concertados que poseen menos recursos y menor dotación de forma ordinaria han respondido de forma extraordinaria a la pandemia que aun sufrimos, se ha recibido un reconocimiento de este trabajo pero la brecha con los Centros de titularidad pública sigue existiendo en la misma medida. Por eso es preciso que la administración tome nota de la necesidad de la equidad en la dotación a los Centros Educativos en general y a los concertados en particular. Es necesaria la igualdad en la dotación de unos recursos humanos y materiales total y absolutamente necesarios”, señala Rafael García Porras.

Asimismo, Escuelas Católicas Andalucía espera igualmente que el nuevo consejero cumpla con el compromiso anunciado por el anterior gobierno de equidad en la dotación de materiales y de programas para los alumnos andaluces sea cual sea el centro en donde esté escolarizado, sobre la inclusión, con nuevas unidades de Educación Especial y de apoyo a la integración.

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