La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación y Deporte, y la Mesa de la Enseñanza Concertada Andaluza (compuesto por Escuelas Católicas de Andalucía, CECE Andalucía, ACES Andalucía, SAFA, FSIE Andalucía, FEUSO Andalucía, CCOO Andalucía y UGT Andalucía), han firmado esta mañana un acuerdo histórico que garantiza las mismas ayudas para luchar contra la pandemia a centros públicos y concertados. Con este acuerdo, fundamentalmente, se refuerza a los centros concertados con cerca de 1.300 profesores de refuerzo, teniendo en cuenta los apoyos concedidos en el acuerdo de 31 de agosto, para combatir en el presente curso los efectos del coronavirus en el sistema educativo concertado.
Carlos Ruiz, secretario de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), organización mayoritaria de la concertada en Andalucía (70%), con 400 centros y 225.000 alumnos, ha mostrado su satisfacción por la firma de acuerdo, que viene a demostrar que otra forma de hacer política es posible. “Una política basada en el entendimiento y no en la confrontación; en el diálogo y no en la imposición; en el reconocimiento de la complementariedad de las redes públicas y privadas frente a la presunción falaz de que sólo la titularidad pública garantiza el servicio público”.
ECA destaca del acuerdo que es “justo, porque reconoce algo que es una realidad objetiva: la de que esta crisis afecta, de la misma manera, a alumnos y equipos de profesores de toda la red de centros sostenidos con fondos públicos, entre los que se encuentran los concertados”. Así, con esta firma se constata que desde el Gobierno andaluz “no se discrimina a unos centros de otros en razón de su titularidad, ni a unas familias de otras por el mero ejercicio de su libertad de elección”.
Con este acuerdo, además, Escuelas Católicas de Andalucía ha querido hacer un reconocimiento al enorme esfuerzo de la comunidad educativa de todos los centros andaluces, “pero quizás mayor en los centros concertados por el déficit histórico de financiación que arrastran con respecto a los públicos”. Por eso, la firma de este documento es un acto de justicia con titulares, equipos directivos, profesores, familias y alumnos, por hacer posible lo imposible durante los primeros meses de la pandemia, por buscar soluciones, por su generosidad, por la implicación y por su capacidad de adaptación.
Para ECA, la firma de este acuerdo tiene mucha carga simbólica por rubricarse en este preciso momento en el que, por primera vez en la historia de la democracia, una nueva ley de educación, la LOMLOE, se está tramitando sin pedir opinión si quiera de los interesados. “Esta ley promueve una invención, un supuesto derecho a la educación pública que confunde derecho con titularidad de los centros, claramente inconstitucional, en la medida que imposibilita y anula el derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos”, indica Carlos Ruiz. “Nos complace por eso ver que nuestro Gobierno autonómico reconoce explícitamente la pluralidad intrínseca del derecho a la educación, y por tanto del derecho público que prestan los centros concertados en su papel no subsidiario sino complementario al de los públicos, fundamental para evitar que el derecho de elegir sea sólo un privilegio de unos pocos.”
En este sentido, ECA, agradeciendo el esfuerzo que este acuerdo supone, han pedido al Gobierno andaluz que se atreva a apostar definitivamente por la libertad de elección de las familias y, por tanto, a la igualdad real entre centros públicos y concertados, que pasa necesariamente por la igualdad de financiación. Y es que, aunque este acuerdo evita que la pandemia agrave y profundice la diferenciación entre centros públicos y concertados, especialmente en perjuicio de familias de rentas medias y bajas que eligen la concertada, no acerca a los centros concertados a la igualdad financiera con los centros públicos, ni acaba con la discriminación histórica que arrastran en la partida de otros gastos. “No sólo en la respuesta al COVID, sino en todos los frentes y áreas de atención educativa, las necesidades de todos los centros sostenidos con fondos públicos son las mismas, y por tanto es razonable que se los dote con los mismos recursos”.
Por último, Escuelas Católicas de Andalucía ha pedido al Gobierno andaluz que se atreva igualmente a ampliar los derechos, y que eso se traduzca en ayudar a las familias con menos recursos, estén en centros públicos o concertados. Y es que la política educativa no debe asignar recursos en función de la titularidad del centro sino de la realidad sociológica de cada uno, y ayudar especialmente a aquellos que tienen un contexto más adverso. “Debemos ser muy conscientes del riesgo real de exclusión educativa que la pandemia supone para los alumnos de familias con menos posibilidades económicas. Es necesario, por ello, dedicar recursos extraordinarios que nos ayuden a combatir la brecha digital y que estos alumnos no queden descolgados del sistema educativo si realmente aspiramos a que la educación sea un instrumento básico para justicia social y la igualdad de oportunidades”.