La organización Escuelas Católicas Andalucía, ECA, mayoritaria en el sector de la concertada -con más de 400 centros, 16.000 profesionales y 260.000 alumnos en Andalucía-, ha presentado hoy, junto a CONCAPA, principal asociación de padres en Centros Concertados, un recurso de alzada contra la resolución de 21 de octubre de la Consejería de Educación por la que se regula el acceso a los recursos del Programa de Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado educativamente vulnerable en los servicios educativos o psicopedagógicos situados en zonas y distritos escolares. Dicha resolución restringe a los centros de titularidad pública el acceso a los recursos de ese Programa, financiado con fondos comunitarios y estatales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una nueva discriminación que la principal patronal de la concertada no está dispuesta a pasar por alto, máxime cuando perjudica a sus alumnos y familias más vulnerables.
“Se trata precisamente de aquella discriminación que el actual Gobierno prometió erradicar, poniéndolo incluso por escrito en su acuerdo de legislatura. Por eso, le invitamos a que rectifique y que apuesten por la igualdad entre centros públicos y privados y la libertad de elección de los padres”, ha afirmado el secretario general de ECA, Rafael García Porras. “Por encima de todo están los intereses de nuestros alumnos, educadores y familias, por lo que no descartamos presentar un recurso contencioso administrativo para la protección de sus derechos fundamentales si la Consejería de Educación no corrige esta situación”.
En su recurso de alzada, ECA argumenta que la Resolución dictada por la administración andaluza incumple el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, recogido en la resolución de 10 de septiembre de 2021 de la Secretaría de Estado de Educación, la cual establece el refuerzo de los equipos de orientación educativa con financiación para el componente 21 (Modernización y Equidad) del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estableciendo como destinatario el alumnado más vulnerable de centros sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria y Secundaria, en riesgo de repetición y abandono del sistema educativo, sin distinguir en modo alguno por la titularidad del centro.
ECA considera, asimismo, en su exposición de motivos, que la exclusión de los centros concertados de la participación en este programa supone una clara violación del derecho a la educación de sus alumnos, concretada en la vulneración de los derechos a recibir orientación educativa y profesional (art. 6.3.d LODE y 7.2.b LEA), a una educación inclusiva y de calidad (art. 6.3.e LODE) y a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo ( art. 6.3.J LODE y 7.2.i LEA).
Habida cuenta de que la exclusión de este programa aleja a los alumnos de centros concertados en zonas vulnerables a beneficiarse de los mismos recursos que los alumnos en iguales condiciones de centros públicos, ECA considera que la Resolución dictada por el Gobierno andaluz supone un menoscabo en el ejercicio del derecho constitucional a la educación (art. 27 CE), así como una vulneración de su artículo 14, que establece que la elección de un centro educativo concreto no puede ir en detrimento del ejercicio del derecho a la educación del alumnado escolarizado en la red concertada ni en su participación en los programas establecidos por las Administraciones Educativas. Así lo tiene igualmente establecido el Tribunal Supremo, incluso en temas menos sensibles como el de los planes de inmersión lingüística.
“Un alumno no puede ver discriminado el acceso a los recursos públicos por el mero hecho de haber elegido un colegio concertado y menos si se encuentra en zona o situación vulnerable”, ha reivindicado el secretario general de ECA, que ha exigido igualdad de trato en el acceso a todos los programas dotados con fondos europeos, fondos propios de la Comunidad Autónoma o fondos del gobierno de la nación. “En la última Mesa de la Concertada, se nos aseguró que así sería, y el propio consejero de Educación ha afirmado en multitud de ocasiones que trataría del mismo modo a la enseñanza concertada y a la de titularidad pública, pero eso no es lo que estamos viendo hasta ahora en el acceso a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, ha concluido Rafael García Porras.
Asimismo, Escuelas Católicas de Andalucía considera que hubiese sido conveniente que en el texto del Acuerdo se explicitara incremento de la partida de Otros Gastos para hacer frente a las contingencias originadas por el COVID -19.