Sevilla, 7 de febrero de 2019
D. Javier Imbroda Ortiz
Consejero de Educación y Deporte
Junta de Andalucía
Estimado consejero:
Como sabe, Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), es la organización mayoritaria en la enseñanza concertada, con una representatividad del 70% de la misma en la región. En Andalucía tenemos 400 centros, en los que trabajan 16.000 profesionales y estudian 225.000 alumnos. Con este aval nos presentamos ante la sociedad, además del de la calidad educativa, nuestro compromiso con los más desfavorecidos y la propuesta de un ideario basado en los valores humanos y cristianos que emanan del Evangelio. Nuestra organización, además, siempre ha hecho gala de una independencia política que nos ha dado quebraderos de cabeza, pero, sobre todo, nos ha otorgado una autoridad moral delante de la sociedad.
Con la única intención de buscar lo mejor para la educación en Andalucía, quiero compartir, respetuosa y modestamente, algunas cuestiones importantes que creo deberían afrontar:
- Es necesario un diálogo sincero y abierto con todos los estamentos de la comunidad educativa. No descarte a nadie, por peregrina que le pueda parecer su opinión; ni escuche siempre a los mismos, que suelen coincidir con aquellos que le dicen lo que creen que a usted le gustará oír. En este diálogo, los padres y los profesionales deben ocupar un lugar destacado. Comprobará cómo unos y otros, siendo de creencias e ideologías distintas, convergerán en lo fundamental y se dará cuenta de que las diferencias, que tanto nos separan y enfrentan, forman parte de un debate ficticio, avivado por los partidos políticos, y que poco tiene que ver con la realidad de los padres y los docentes.
Emplee sus energías, y las de su equipo, en mejorar la educación y no en fomentar la confrontación que distrae y perjudica. Permítame que le sugiera que evite caer en la tentación del debate contaminado, obsoleto y demagógico de enfrentar la enseñanza pública y la concertada. Ahí no está la auténtica raíz del problema de la educación en nuestra región, sino en el alto porcentaje de fracaso escolar y en una educación que, según los estudios internacionales, ocupa los últimos puestos.
- Debe impulsar un debate sereno sobre la calidad educativa. En Andalucía se ha ganado la batalla de la equidad y ahora nuestro reto es el de la calidad, que es la mejor herencia que podemos dejar a las generaciones venideras. Para ello, debemos ser más autocríticos y valientes. Si un centro no tiene demanda, pudiendo tenerla, habrá que preguntarse por los motivos; si los resultados académicos no son los deseables, habrá que cuestionarse lo que hacemos y cómo lo hacemos; pero no podemos atrincherarnos eternamente en falsas cuestiones ideológicas que lo único que pretenden es disfrazar la auténtica realidad.
Nuestra larga experiencia nos dice que lo que quieren los padres, repito, con independencia de su posicionamiento político y religioso, es que sus hijos tengan la mejor formación posible, que se les puedan transmitir aquellos valores con los que quieren que sean educados y que adquieran una “disciplina” (esfuerzo) que les sirva de garantía para afrontar con garantía unos estudios superiores o su inserción en el mundo laboral. Escúchelos detenidamente, pues son ellos los que tienen el derecho, según el artículo 27 de la Constitución, a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. La Administración educativa no puede ni debe usurpar un derecho que no le corresponde. La educación, tal como hoy se concibe, no es solo la transmisión de una serie de conocimientos, sino mucho más, estamos hablando de valores que deben ocupar un lugar nuclear y transversal.
- De una vez por todas, debe consolidar la complementariedad de redes (pública y concertada). Ahora bien, coincidirá conmigo en afirmar que mientras no se dé en igualdad de condiciones no podremos hablar de auténtica libertad. Su gestión debe contribuir a que exista una justa financiación de los conciertos educativos, con el fin de ir acortando progresivamente las diferencias entre los profesionales de una y otra red, y procurar que los padres y alumnos de la concertada, además de compartir idénticas obligaciones, gocen de los mismos derechos que los de la pública. No olvide que dicha discriminación a quienes más perjudica es a las familias más desfavorecidas, pues se les priva de la posibilidad real de elección.
En ECA nos preocupa que el coste del puesto escolar de la enseñanza concertada sea aproximadamente la mitad que el de la pública, porque, entre otras cosas, se está consolidando una situación de desigualdad y, por consiguiente, de injusticia. Nunca vamos a solicitar más, pero tampoco nos vamos a conformar con menos.
- Es urgente que ponga los mecanismos necesarios para que exista una mayor coordinación entre la Consejería y las Delegaciones provinciales. Evidentemente, habrá que respetar la singularidad de cada una; pero no pueden actuar, como a veces sucede, a su libre albedrío, hasta el punto de caer en tomas de decisiones distintas e incluso contrapuestas.
- Por último, es hora de afrontar un Acuerdo por la Educación en Andalucía. Desde hace seis años, cuando nadie hablaba de ello, fuimos pioneros en reclamarlo. Recupere, como base y referencia, la LEA (Ley Educativa Andaluza) e invite a la comunidad educativa a que participe en su adaptación a los nuevos tiempos y a las circunstancias actuales. Nuestra región tiene entidad suficiente, por su volumen e historia, como para ser pionera y referente.
Señor consejero, muchos de los 400 centros a los que represento tienen más de cien años de historia y algo podrán aportar a la mejora de la educación en Andalucía. Por ello, en nombre de ECA, tiendo mi mano para trabajar conjuntamente por aquella educación que nuestros niños y jóvenes de nuestra tierra merecen.
Le deseo mucha suerte, que creo la va a necesitar.
Carlos Ruiz Fernández
Secretario General Escuelas Católicas Andalucía