Secretario Autonómico

Nuestro secretario general demanda una política educativa que sirva de dique de contención de la vulnerabilidad y evite que “nadie se quede atrás” y reivindica “igualdad de medios para igualdad de servicios” .

Todas nuestras instituciones, centros y profesores o están haciendo un gran esfuerzo por ser creativos e innovadores, por introducir nuevas metodologías y herramientas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este esfuerzo de las personas debe ir acompañado de un cambio y una transformación de los espacios en la escuela. Necesitamos espacios que eduquen, pero que, además, estén alineados a nuestra Misión, a nuestra Identidad.

Escuelas Católicas de Andalucía recuerda que es necesario avanzar en temas actualmente bloqueados, como la actualización de Otros Gastos, continuar negociando en la equidad de dotación de personal con la red pública, y aumentar la concertación en Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional, Aulas de Apoyo a la Integración y de Educación Especial.

Nuestro secretario general advierte a las administraciones del error que supondría reaccionar a la caída de la natalidad desinvirtiendo en educación y dedicando ese presupuesto a otras partidas menos relevantes para el futuro de la sociedad y propone justamente lo contrario: ampliar la Formación Profesional y Dual, la individualización de la enseñanza y la mejora de los idiomas.

Desde ECA somos conscientes de la difícil situación económica del sector y de que este acuerdo tan sólo supone un pequeño balón de oxígeno que no solventa los problemas surgidos de la subida del IPC y los costes salariales, por lo que continuaremos trabajando en la mejora económica de los centros que imparten esta etapa.

Nuestro secretario general çsobre el estudio presentado en nuestra Asamblea por dos doctores en Economía de Universidad Loyola, según el cual la concertada andaluza necesitaría un aumento de 65 millones de euros en la partida de ‘Otros Gastos’ para igualar la de los centros públicos.

Se presentó un estudio de dos profesores y doctores en Economía de Universidad de Loyola que determina que los centros concertados de Andalucía necesitarían un aumento de ingresos en 'Otros Gastos' de 65 millones de euros por parte de la Administración para igualar la cantidad que reciben los centros públicos en esta partida.

Nuestro secretario general reclama a Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, más determinación en la defensa de la concertada como red complementaria y en el concierto del Bachillerato.

La noticia informa que la cita reunirá en Granada durante tres días a cerca de 2.000 directores, profesores, titulares de centros y destacadas figuras nacionales e internacionales.

Reflexiona sobre la doble dimensión del concepto 'educación para todos' y anima a la Junta de Andalucía y a su presidente, Juanma Moreno, a acabar con la infrafinanciación histórica de la concertada.

Repasa cuestiones de mucho interés para la concertada: relación con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, críticas y falsos mitos, valores, igualdad de trato, estabilidad laboral y conciertos de Bachillerato.

Analiza el desarrollo del curso, la sensación de sentirse defraudada de la concertada ante las promesas incumplidas de la Junta, como por ejemplo el concierto del Bachillerato, la falta de negociación de la Consejería y la necesidad de actualizar acuerdos desfasados como los de la liberación de horas de los equipos directivos o de otros gastos, líneas quebradas o dotación para orientación.

Explicó sus objetivos como nuevo secretario general, analizó el inicio de curso y los recursos recibidos frente al COVID 19 y destacó la importancia de la concertada, el valor dentro de la sociedad andaluza, su reconocimiento pleno en la Constitución Española y el papel que juega dentro de la libertad de elección de las familias.

Analiza en ella las circunstancias de inicio de curso y apuesta por una educación basada en el entendimiento y el diálogo y no en la confrontación.

Deja su cargo como responsable de Recursos Humanos de la Provincia Marista Mediterránea y releva así en el cargo a Carlos Ruiz Fernández, que ha cumplido el máximo de dos períodos que permiten los actuales estatutos para dicho cargo.

Señala la importancia de una financiación equitativa de todos los sistemas educativos sostenidos con fondos públicos, pues de lo contrario serán las personas con menos recursos las que sufran una discriminación más acentuada.