En relación con el nuevo Decreto de Escolarización de la Junta de Andalucía, publicado en BOJA el pasado miércoles 19 de febrero, desde ECA deseamos transmitir a los medios de comunicación la siguiente información y valoraciones:
- Consideramos que es, en general, un Decreto positivo y que fundamentalmente favorece a las familias, con avances sociales como el aumento de la puntuación por hermano escolarizado, algo que continuamente han demandado las familias para la reunificación de hermanos, la mayor puntuación para familias numerosas y/o monoparentales, la prioridad de admisión para hijos de trabajadores de los centros, una histórica reclamación sindical que favorece la conciliación laboral, o la inclusión del patrimonio en el baremo económico, clave para no perjudicar a las familias realmente más desfavorecidas.
- En relación con la libertad de elección de los padres, creemos que el Decreto aporta un avance más simbólico y nominal que efectivo y real. La asignación de un centro concertado a zonas limítrofes donde solo hay oferta pública no supone una ampliación de las plazas de la concertada, que seguirán teniendo una demanda más amplia que la oferta. Por lo demás, quienes verán modificadas sus posibilidades de escolarización serán exclusivamente quienes residan en una zona sin centro concertado, pero con oferta concertada en la zona aledaña. Y esto es algo muy residual. Estamos hablando, solo, de un número insignificante de centros, que no afecta más de un 4%, por lo que no acabamos de entender muy bien la controversia creada. Nada cambia para los residentes de zonas con centros concertados y para la inmensa mayoría de los vecinos de localidades sin ellos. Y sobre todo no supone más unidades, ni más centros concertados ni, en definitiva, más oferta de plazas.
- En 2007, la Junta de Andalucía ya aprobó un decreto según el cual en todas las zonas debería haber, al menos, un centro público y otro concertado. Fue el Decreto 53/2007, cuyo artículo 8.1 decía: “Se delimitarán las áreas de influencia y sus modificaciones de cada provincia, de acuerdo con la capacidad autorizada de cada centro docente y la población escolar de su entorno, teniendo en cuenta al determinar cada una de ellas que se pueda ofrecer a los solicitantes, siempre que sea posible, como mínimo, un centro docente público y otro privado concertado. Asimismo, se determinarán las áreas limítrofes a las anteriores, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 del presente Decreto”. Estuvo vigente hasta 2016. No se trata, por tanto, de ninguna novedad especial y durante nueve años esta cuestión no causó ninguna polémica ni contestación política. Desde la educación concertada hemos venido pidiendo a los partidos políticos un Pacto por la Educación que saque la educación de las artificiales controversias partidistas. Este nos parece un caso claro de que no parece que vayamos por ese camino.
- Por lo demás, y al hilo de ciertas manifestaciones que se han venido produciendo desde días pasados, nos parece oportuno recordar que, a pesar de su mayor demanda, el porcentaje de plazas de la educación concertada, lejos de crecer en detrimento de las plazas públicas, ha decrecido, pasando del 20% al 18% actual, sin que el nuevo Decreto vaya a suponer cambio alguno al respecto. Asimismo, nos parece conveniente señalar que el pluralismo educativo y el derecho a elegir de los padres están amparados por el artículo 27 de la Constitución y que la educación concertada juega un papel que el Tribunal Supremo ha recordado que no es subsidiario sino complementario “para la prestación del servicio público de la educación”, contribuyendo a la escolarización en todas las etapas, promoviendo la igualdad de oportunidades y proporcionando a las familias más desfavorecidas su única oportunidad para ejercer realmente la libertad de elección.
- A pesar de reconocer sus méritos, debemos matizar que el Decreto de Escolarización no es el que hubiéramos deseado e impulsa, como ya hemos dicho, solo un avance muy tímido en la libertad de las familias y tutores. Para que ese avance sea real y efectivo, la educación concertada necesita una financiación más justa, que garantice que sus alumnos gocen de los mismos derechos que los alumnos de la pública en cuestiones como el comedor, el transporte o la inversión en formación del profesorado y equipos directivos. En este sentido, demandamos a la administración andaluza una apuesta más decidida y real por el derecho a elegir de los padres, acometiendo cambios más profundos que eviten la actual discriminación.
- Nos parece asimismo oportuno señalar que este Decreto obtuvo, de forma previa a su aprobación, el visto bueno del Consejo Escolar, órgano de participación democrática en la programación de las enseñanzas no universitarias, integrado por padres, alumnos, profesorados, PAS, titulares de centros, patronales, sindicatos y directores de centros, entre otros, con total autonomía en lo referente a las deliberaciones dentro de sus Comisiones y Pleno y en las orientaciones, propuestas y sugerencias que emite a través de Dictámenes e Informes.
- Finalmente, queremos tender la mano a la Consejería de Educación y a la comunidad educativa de ambas redes, para buscar, de manera conjunta, la mejor educación de los niños, niñas y jóvenes andaluces, que son los que verdaderamente importan.
Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) es la patronal mayoritaria, con una representatividad del 70%, que aglutina a los titulares de los centros educativos católicos de la comunidad andaluza. En esta región ECA cuenta con 400 colegios distribuidos por toda nuestra geografía, con unos 225.000 alumnos y más de 16.000 profesionales.