Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), organización que integra a 400 centros, 16.000 profesionales y más de 260.000 alumnos, representando al 70% de la educación concertada en Andalucía, ha recibido como un verdadero jarro de agua fría la publicación de la Guía de Organización del Curso 20-21, la cual establece la instauración en los centros de enseñanza de la figura de un coordinador COVID encargado de la organización, ejecución y seguimiento de las medidas sanitarias directamente relacionadas con la pandemia, así como de la canalización de todos los casos e incidencias con las respectivas autoridades y profesionales sanitarios. Pues bien, ese coordinador será, en los centros públicos, un profesor al que se liberará de un determinado número de horas de clase para atender estas cuestiones. Sin embargo, y en contra de las conversaciones mantenidas, la educación concertada ha quedado completamente excluida de este recurso.

Se trata, en todo caso, de la última gota que ha colmado el vaso de las promesas incumplidas, las buenas palabras y la discriminación por la vía de los hechos consumados. Después de valorar positivamente el esfuerzo de la Consejería y votar a favor en la Mesa de la Concertada el acuerdo para la incorporación de profesores de refuerzo (a pesar de excluir Infantil, Educación Especial, Formación Profesional y Bachillerato), aplaudiendo y reconociendo tanto esta decisión como la dotación de mascarillas e hidrogel y la realización de PCR al personal de sus centros, ECA se ha encontrado sin embargo que los vagos compromisos en relación con otras medidas de limpieza e higiénico sanitarias necesarias se han convertido en una exclusión de facto de todo tipo de ayudas para los colegios concertados, en clara discriminación con la educación pública, que sí tendrá una financiación suplementaria.

Ocurre además que en este caso llueve sobre mojado, pues la educación concertada ya venía siendo fuertemente discriminada con respecto a la pública en la partida de “otros gastos” (destinado a PAS, limpieza, fungibles), históricamente congelada y completamente insuficiente, siendo una de las reclamaciones más insistentes de toda la educación concertada desde hace años. La postergación y diferenciación negativa en estos fondos se ven ahora agravadas, hasta un punto insostenible, con los esfuerzos adicionales en limpieza y material higiénico-sanitario a los que obliga la adaptación a la pandemia.

Los centros integrados en ECA garantizan a las familias de sus más de 260.000 alumnos el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones sanitarias, una garantía que estará sustentada en el esfuerzo y generosidad de los profesionales y titulares de sus centros, pero se sienten “profundamente decepcionados” y percibe esta decisión como una discriminación del consejero Javier Imbroda a esas familias, y a todos los padres y tutores que eligen en Andalucía la educación concertada y creyeron en su promesa de un trato igualitario.

Apelan, por ello, a que el presidente y el consejero rectifiquen y hagan que la libertad de elección educativa de familias y tutores sea una realidad en Andalucía y no un falso emblema electoral. Porque la realidad es que los centros concertados no cuentan con los mismos recursos materiales y personales que la pública y las diferencias se van a ver agravadas en este curso 2020-2021, como consecuencia del COVID, que va a agrandar la brecha histórica de financiación.

Asimismo, advierten al Gobierno andaluz que la radiografía socioeconómica de las familias de sus centros es prácticamente idéntica a la de los centros públicos y que, por tanto, la pandemia significará para las familias de las concertadas una doble desventaja y discriminación. En este sentido, recuerdan al Gobierno andaluz que la educación concertada juega un papel que el Tribunal Supremo ha insistido que no es subsidiario sino complementario “para la prestación del servicio público de la educación” y que el artículo 108 de la LOE subraya que cumple “el mismo servicio público” que los centros de propiedad pública. Con un origen precisamente marcado por el espíritu social y por la voluntad de convertir la educación en un ascensor social para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad o exclusión, la oferta de los centros integrados en ECA, representa, de hecho, en numerosos pueblos y barrios de Andalucía, la única alternativa real para que las familias desfavorecidas puedan decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

Por todo ello, ECA pide al Gobierno andaluz que “se libere de complejos y miedos” y actúe de forma consecuente con su programa y sus promesas electorales, marcando distancias con el Ejecutivo anterior y con el Gobierno de la nación, y propiciando un avance real en la libertad de las familias y tutores, la cual exige disminuir, y no acrecentar, las desigualdades que ahora mismo discriminan a las familias y alumnos de la educación concertada frente a las familias y alumnos de la educación pública.

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