Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), organización mayoritaria de la educación concertada en Andalucía con una representación del 70%, que integra a 400 centros, 16.000 profesionales y más de 260.000 alumnos, ha valorado muy positivamente el Acuerdo Marco de compromisos firmado hoy entre la Junta de Andalucía, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y las organizaciones patronales y sindicales del sector. Este acuerdo, rubricado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, fruto de meses de diálogo y negociación, representa el mayor avance institucional en la enseñanza concertada andaluza desde el bienio 2005-2007, cuando se aprobaron los pactos que originaron la actual Ley de Educación de Andalucía.
Escuelas Católicas de Andalucía celebra este compromiso como una base sólida para avanzar en un sistema educativo más plural, justo y equitativo, en el que todos los centros —independientemente de su titularidad— dispongan de los recursos necesarios para ofrecer una educación de calidad al alumnado andaluz: “Este acuerdo consolida el papel de la enseñanza concertada como parte esencial del sistema educativo andaluz. Es un reconocimiento institucional al compromiso con la calidad, la innovación pedagógica y la libertad de elección de las familias y supone conseguir parcialmente una reivindicación histórica por nuestra parte”, ha declarado Rafael García Porras, secretario autonómico de Escuelas Católicas de Andalucía.
El acuerdo recoge una batería de medidas estructurales que se aplicarán progresivamente entre los cursos 2025/2026 y 2028/2029, con el objetivo de fortalecer la calidad, sostenibilidad y equidad del modelo concertado. Entre sus principales ejes se encuentran:
- Implantación de un módulo autonómico para “otros gastos”, alineado con la media nacional (sin País Vasco y Navarra).
- Equiparación progresiva de plantillas para los centros que no se beneficiaron del Acuerdo de 2005 (3.922,5 horas adicionales).
- Impulso de la jubilación parcial para facilitar el relevo generacional.
- Reducción gradual de ratios en Educación Infantil (3-6 años), priorizando zonas rurales o despobladas.
- Reconocimiento de trienios al profesorado de centros cooperativos.
- Equiparación retributiva de los equipos directivos a partir de 2026/2027.
- Simplificación administrativa y apuesta por la digitalización.
- Inclusión plena en programas públicos como el Plan de Refuerzo de competencias, Código Escuela 4.0 y atención a zonas de transformación social.
El capítulo de Otros Gastos, desfasado (1986)
Según un estudio elaborado hace tres años por los profesores y doctores en Economía de la Universidad Loyola, Horacio Molina y Jesús Ramírez, la partida de “Otros Gastos” —implantada en 1986 y sin revisión estructural desde entonces— requeriría una subida de entre el 76% y el 90% para compensar el déficit acumulado por los centros concertados andaluces en el coste real del puesto escolar.
Este módulo presupuestario, que no incluye al personal docente financiado directamente por la Administración, abarca al personal no docente, así como todos los gastos directos, indirectos y generales: suministros, limpieza, mantenimiento, conectividad digital, plataformas de gestión, entre otros.
El informe señalaba que dicha partida no contemplaba realidades esenciales actuales, como:
- La generalización de Internet, tecnologías educativas y soporte informático.
- El uso creciente de plataformas telemáticas de gestión y evaluación.
- Las sucesivas subidas del SMI que afectan al personal no docente.
- Y el impacto de la inflación acumulada durante casi cuatro décadas.
Los autores estimaban que serían necesarios aproximadamente 65 millones de euros adicionales para igualar este módulo a lo que reciben actualmente los centros públicos de la comunidad.
El Acuerdo Marco responde a esta situación con la creación de un módulo autonómico específico, cuya implantación se realizará de forma escalonada: 30% en 2026, 30% en 2027 y 40% en 2028, hasta alcanzar el nivel medio del conjunto de comunidades autónomas. Este avance supone un punto de inflexión en la financiación del sistema concertado, que contribuirá a la estabilidad de los centros, la mejora de las condiciones del personal no docente y la reducción de la dependencia de recursos extraordinarios.
Compromiso con la innovación y la equidad educativa
El acuerdo también incluye dos compromisos complementarios clave:
- Refuerzo de plantillas en Primaria, ESO, Educación Especial y enseñanzas postobligatorias, aplicable en dos fases del 50% cada una en base al acuerdo alcanzado en 2005. Incluye un estudio para la equiparación de recursos con los centros de titularidad pública.
- Jubilación parcial del personal al 75%.
Como garantía de cumplimiento, se ha creado una Comisión de Seguimiento paritaria, integrada por representantes de las partes firmantes, que se encargará de la interpretación, desarrollo y supervisión técnica de todas las medidas.