Los titulares de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) aprobaron durante la celebración de la Asamblea Anual la Memoria de Actividades de 2022 y presupuestos y actuaciones de 2023, y reeligieron en su cargo como presidente a Miguel Canino. La Asamblea, celebrada la Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas y en la Universidad Loyola Andalucía, tuvo este año un carácter más abierto y con motivo del fin de la pandemia, la organización invitó también a directores o miembros de equipos directivos; en total, más de 300 personas asistieron a la Asamblea y a las actividades paralelas diseñadas para directores.

La celebración, tras iniciarse con unos minutos dedicados a la oración con acompañamiento musical, comenzó tras las intervenciones de Miguel Canino, presidente de Escuelas Católicas de Andalucía, y Jaime Oraá Oraá, presidente del Patronato Universidad de Loyola, y quedó inaugurada por María Esperanza O’Neill Orueta, viceconsejera de Desarrollo Educativo y F.P., que consideró necesario “aparcar de una vez esa separación ficticia” entre escuela pública y escuela concertada.

“Vosotros, los centros de Escuelas Católicas de Andalucía, enseñáis cada día desde y para el respeto, la solidaridad, el diálogo, el trabajo en común, el valor de la familia y de la amistad y también el espíritu crítico. Lleváis muchos años formando y forjando valores y cimientos de nuestros jóvenes enseñándoles a creer en sí mismos y forjando sus principios, en vuestro caso los de la fe católica, en los que se asienta su vida”, indicó.

La viceconsejera, asimismo, señaló que actualmente la educación en Andalucía se encuentra con dos problemas a resolver: “Uno, la caída de la natalidad, que nos afecta a todos. El año que viene prevemos una caída de 17.000 plazas escolares. El otro, que nuestro tejido productivo necesita técnicos de Grado Medio para las nuevas profesiones que vienen. La educación ha de estar preparada para formar a nuestros jóvenes en esos nuevos nichos de empleo, deben estar preparados para ello. Además, para esta Consejería es esencial avanzar en la FP dual, y queremos establecer nuevas vías de colaboración”, dijo. “En la Junta de Andalucía trabajamos en modelo de Educación basado en la calidad, libertad e igualdad y que reconozca el esfuerzo como elemento principal, que lleguen lo más lejos posible pero que nadie se quede atrás. Tenemos que ofrecer a todos mismas oportunidades en el acceso a una educación de calidad y que el rendimiento académico lo determine el esfuerzo, no la procedencia o condición social o económico”, señaló. “Pretender alcanzar la excelencia no es generar presión en el estudiante sino ayudarle a crecer. Pero esto no se logrará sólo con el esfuerzo de la Administración sino que es necesario la colaboración de todos los sectores y agentes. Por eso hemos, hemos negociado y hemos firmado acuerdos en los últimos años. En el caso de los concertados, ahí está la subida salarial de los profesores de los centros concertados, la instrucción de pago delegado, la adscripción a centros de Bachillerato o el refuerzo de limpieza COVID. Esta consejería también ha abierto de posibilidad de concierto de Bachillerato. Reconozco que no se han cumplido todas las expectativas pero sí es cierto que se ha abierto una puerta. En todo caso, el concierto en los futuros años siempre será de manera planificada, de acuerdo con disponibilidad presupuestaria, la demanda y las condiciones de la zona”, finalizó.

Seguidamente, se presentó un estudio realizado por los profesores y doctores en Economía de la Universidad Loyola, Horacio Molina y Jesús Ramírez, que determina que los centros concertados de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y F.P. de Andalucía necesitarían un incremento de ingresos por parte de la Administración, directos de los Presupuestos Generales del Estado, de entre el 7% y el 10%, unos 65 millones de euros, para igualar la partida de Otros Gastos que actualmente reciben los centros públicos de la Comunidad. En este sentido, sería necesario una subida de entre el 76% y el 90% de esta partida, establecida en 1986, para combatir el déficit histórico que los centros acumulan en el coste del puesto escolar.

La partida de Otros Gastos incluye todo aquello que no es exclusivamente personal docente, que abona directamente la Administración andaluza, esto es personal no docente, gastos directos, gastos indirectos y gastos generales.

Según este estudio, la partida de Otros Gastos de los centros concertados andaluces necesita una revisión urgente, pues sigue en los mismos términos de su última implantación, en 1986, cuando ni siquiera podían plantearse aspectos tan elementales hoy día como Internet, elementos informáticos o plataformas telemáticas de gestión. Asimismo, son los colegios con sus propios recursos elementos como la SMI o el propio incremento de la inflación en estos 37 años, generando un GAP entre la inflación y la partida de otros gastos de casi el 40%.

El estudio, en el que han participado 77 centros educativos de Andalucía, determina que el coste del puesto escolar en la comunidad andaluza es de 11.667 euros en Infantil, 11.819 euros en Primaria y 14.529 euros en Secundaria, generando esta desactualización un déficit para los centros educativos de 5.381 euros en el primer caso, 5.341 euros en el segundo y 6.206 euros en el tercero.

“Las decisiones económicas de los colegios se adaptan a la disponibilidad de recursos. Una financiación insuficiente obliga a gestionar con una mentalidad de subsistencia y no, como se desearía, de excelencia”, concluyeron los dos autores del estudio.

Asimismo, durante la Asamblea se celebró una mesa redonda sobre ‘Formación Profesional y los retos de la educación’, en la que intervinieron María del Mar Rull Fernández, secretaria general de Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y F.P., empresas y representantes de varias instituciones de Escuelas Católicas con centros de FP como Carlos Guerrero Herrero (SAFA), Ricardo Fernández Ibáñez (Fundación Dolores Sopeña), José Miguel Tello Ruiz (Salesianos) y Javier Elvira Cámara (Fujitsu España).

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